24/10/2014

Nuevo marco nacional de referencia en RSE El Consejo de Ministros aprueba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020

El Consejo de Ministros aprueba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 201
  • La Estrategia responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada de la UE sobre Responsabilidad Social de las Empresas
  • Supone un paso más en el cumplimiento de los compromisos acordados entre el Gobierno y los Interlocutores Sociales el pasado 29 de julio.
  • Se trata de un documento que compromete a las empresas, las AA.PP. y al resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora.
  • Se habilitará una herramienta telemática y un procedimiento de publicación de las memorias e informes de responsabilidad social y sostenibilidad sin cargas administrativas adicionales.
  • Se avanza la constitución de un grupo de trabajo interministerial para la trasposición al ordenamiento jurídico español de la nueva Directiva sobre divulgación de información no financiera.
  • Se pondrá en marcha el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas en el seno del CERSE y un grupo de trabajo con las CC.AA en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales
  • El documento incluye 60 medidas para alinear los compromisos de las organizaciones con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española y reforzar los modelos de gestión sostenibles

En su reunión celebrada esta mañana, el Consejo de Ministros ha adoptado el acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, un documento que dotará a nuestro país de un marco común de referencia que permitirá armonizar las distintas actuaciones que, en relación a la Responsabilidad Social, se están desarrollando tanto en el ámbito público como en el privado.

Se trata de una actuación que responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), que insta a los países miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSE y que tal y como ha manifestado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez “compromete a las empresas, las administraciones públicas y al resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora”.

Durante su intervención, Báñez ha explicado que “la Estrategia es un documento que es el resultado de más de un año de trabajo en cuya elaboración han participado los cuatro grupos que componen el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (administraciones públicas, empresas, sindicatos y sociedad civil organizada), además de otros ministerios, las comunidades autónomas, las entidades locales, responsables de RSE de grandes empresas y expertos académicos”.

 

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A su vez, la ministra ha destacado que la estrategia supone un paso más en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio en el Palacio de la Moncloa.

La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas aspira a impulsar acciones que persiguen los siguientes objetivos:

  • Reforzar y alinear los compromisos de las empresas y de las Administraciones públicas con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española, entre las que se encuentra la generación de empleo.

  • Contribuir a reforzar los modelos de gestión sostenibles que ayuden a las empresas a ser más competitivas y a las administraciones públicas más eficientes.

  • Y, por último, potenciar aquellos programas de responsabilidad social que impulsen la MARCA ESPAÑA, la credibilidad internacional y la competitividad de la economía española, junto a la sostenibilidad y la cohesión social.

El borrador de la Estrategia fue aprobado en la sesión plenaria del CERSE que se celebró el pasado 16 de julio y fue sometido a un proceso de información pública.

Seis principios, cuatro objetivos, 10 líneas de actuación y 60 medidas

En relación a su estructura, la Estrategia parte de seis principios, marca cuatro objetivos estratégicos y 10 líneas de actuación con sus correspondientes medidas que confluyen en una visión: apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.

Los seis principios, tal y como se recogen en el borrador, son:

  1. COMPETITIVIDAD. La puesta en marcha de actuaciones en materia de Responsabilidad Social se puede identificar también como una apuesta por la excelencia en la gestión de las empresas que redunda en la mejora de su posicionamiento en el mercado, en su productividad, rentabilidad y sostenibilidad.

La Responsabilidad Social facilita la innovación al incorporar nuevas formas de gestión que favorecen la creación de nuevos productos y servicios dando respuesta a retos sociales y ambientales.

  1. COHESIÓN SOCIAL. La RSE debe aumentar la eficacia de las organizaciones en la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

La valoración de la RSE por la sociedad, su mejor forma de promoción, requiere que los ciudadanos identifiquen la misma como un elemento de cohesión social para ayudar a reducir los efectos sociales de la crisis económica, principalmente la pérdida de puestos de trabajo, y con la creación de empleo.

  1. CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO. La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en colaboración efectiva con los grupos de interés, contribuye a generar y reforzar el impacto positivo. Debe, al mismo tiempo, contribuir a identificar, prevenir y eliminar los impactos negativos y crear más valor no sólo para la propia organización que los aplica, sino también para aquellos con los que lo comparte que son los principales grupos de interés involucrados en su actividad y la sociedad en general.

El objetivo de dicha aplicación debe ser maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios y/o accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio, con el fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.

  1. SOSTENIBILIDAD. La RSE se constituye como un instrumento para desarrollar organizaciones conscientes de su papel principal en el logro de un desarrollo humano, económico, y medioambiental sostenido en el tiempo para las sociedades en las que se integran.

Es posible una evolución justa y responsable hacia una economía más competitiva que dé lugar a un desarrollo sostenible y logre progreso social.

  1. TRANSPARENCIA. La RSE contribuye a promover organizaciones ejemplares y transparentes, lo que redunda en un aumento de la credibilidad y de la confianza. Las empresas y organizaciones socialmente responsables dialogan con sus interlocutores y adquieren compromisos con sus grupos de interés, lo que facilita que éstos puedan tomar decisiones mejor  informadas. Ello repercute de manera directa en su reputación de cara al resto de la sociedad.

Una organización socialmente responsable debe considerar todos sus aspectos (económicos, sociales, laborales, medioambientales, buen gobierno…). Una buena práctica en uno de los aspectos no puede ser considerada como un aval de RSE sin conocer y tener en consideración el resto de los aspectos.

  1. VOLUNTARIEDAD. La adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria, requiere un compromiso y supone un valor añadido al cumplimiento de la normativa vigente. El compromiso asumido voluntariamente con las partes interesadas, debe ser la base del cumplimiento de las expectativas que generen las organizaciones.

Los objetivos en torno a los cuales se vertebran las 10 líneas de actuación son:

  • Objetivo 1. Impulsar y promover la RSE, tanto en las empresas, incluidas las PYMES, como en el resto de organizaciones públicas y privadas, en sus actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en los que operan.

  • Objetivo 2. Identificar y promover la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social.

  • Objetivo 3. Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad.

  • Objetivo 4. Crear un marco de referencia común para todo el territorio en materia de RSE, que garantice el cumplimiento y respeto de los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado y permita una mayor coordinación y sinergias en esta materia.

Y las 10 líneas de actuación en las que se enmarcan las 60 medidas concretas son:

  1. Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles.  El objetivo de esta línea de actuación es extender la cultura de la Responsabilidad Social al conjunto de la sociedad a través de actuaciones como la promoción de sus principios, de las recomendaciones de consenso internacional en esta materia y la difusión de buenas prácticas en este ámbito.

Entre las medidas que incluye, y  para mejorar la transparencia y favorecer que tanto las empresas como el resto de las organizaciones puedan hacer públicos sus informes de responsabilidad social y sostenibilidad, la ministra ha anunciado que “el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pondrá en marcha en los próximos meses una herramienta telemática y un procedimiento de publicación de las memorias e informes de responsabilidad social y sostenibilidad que realicen las empresas sin cargas administrativas adicionales”.

Estas memorias, y sus correspondientes verificaciones cuando las hubiere, serán publicadas en el Portal de la Responsabilidad Social, un nuevo espacio que se ubicará en la Web del propio Ministerio y que dará visibilidad a las memorias de RSE y sostenibilidad de forma sistemática y facilitará la identificación y divulgación de prácticas responsables.

Además, “continuaremos impulsando los reconocimientos y las prácticas empresariales socialmente responsables. Y en este momento no hay mayor responsabilidad social que el empleo”, aseguró la ministra. En este contexto, se refirió al sello de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, un reconocimiento que ya tienen más de 600 entidades públicas y privadas que han puesto en marcha planes de actuación por valor de más de 550 millones de euros, que se suman a los recursos públicos de fomento del empleo entre los jóvenes.

  1. Integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación. La educación en el valor del comportamiento responsable, la formación especializada en técnicas de gestión socialmente responsable y la investigación orientada a la aplicación efectiva de sus criterios, son pilares fundamentales para acelerar cambios en la forma de pensar y el actuar sostenible de las actuales y futuras generaciones.

En este sentido, se prevén actuaciones como la próxima firma de un convenio con las entidades representativas de la Economía Social para extender y afianzar los principios de la Responsabilidad Social en los colegios organizados bajo la fórmula de cooperativas de enseñanza.

  1. Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza. El objeto de esta línea de actuación es extender las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia.

En este ámbito la ministra se refirió a cuatro proyectos ya emprendidos; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, que introduce reformas en materia de gobierno corporativo; el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo; y la futura Ley de Mutuas, por la cual ningún directivo de las mutuas de accidentes y contingencias profesionales podrá cobrar, entre retribuciones básicas y complementarias, más de lo que gana el titular del Ministerio de Empleo.

Entre las medidas que incluye se encuentran también el fomento de la elaboración de informes anuales integrados que incorporen de forma transparente la información de aspectos sociales, ambientales, y de buen gobierno, y la constitución de un grupo de trabajo interministerial para la trasposición de la nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad al ordenamiento jurídico español.

Asimismo, durante su intervención, la ministra ha hecho referencia a otras medidas de este ámbito como el fomento de la fiscalidad responsable en las organizaciones, el impulso de actuaciones dirigidas a combatir el fraude, tanto laboral como fiscal, y la economía sumergida y el desarrollo de programas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en todas las organizaciones.

  1. Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo. Las organizaciones socialmente responsables deben prestar atención especial a la creación de empleo de calidad y tener en cuenta a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. Además, deben poner en marcha prácticas que impulsen la diversidad en las plantillas “para que éstas sean un reflejo real de la sociedad en la que se desarrollan”, aseguro la ministra.

En este ámbito, Fátima Báñez se ha referido a aquellas medidas dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades y la diversidad en las plantillas, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y a aquellas actuaciones cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y de cuidado.

De forma particular, se refirió a la presentación junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de un Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial.

Por último, ha señalado que “se seguirá potenciando la contratación indefinida”.

  1. Inversión socialmente responsable e I+D+i. La responsabilidad social empresarial puede constituirse como un elemento de atracción de la inversión de largo plazo e incentivadora de un crecimiento responsable y sostenible.

En este apartado la ministra ha señalado que está prevista la elaboración de una guía de buenas prácticas que sirva de instrumento para la inclusión, difusión y seguimiento de criterios éticos, ambientales, sociales, de derechos humanos y de buen gobierno en las políticas de inversión de productos financieros y de ahorro, así como impulsar la inversión socialmente responsable por parte de los pequeños inversores.

  1. Relación con los proveedores. El desarrollo de sistemas de relación socialmente responsables por parte de las organizaciones con cada uno de los componentes de la cadena de suministro, y la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a extender las buenas prácticas que éstas llevan a cabo en materia de responsabilidad social entre sus distintos proveedores, deben ocupar un lugar prioritario en los planes estratégicos de las empresas y de las administraciones públicas.

Por ello, y entre las medidas que se incluyen en la sexta línea de actuación se encuentran: continuar impulsando la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a que, tanto las empresas como las administraciones públicas, satisfagan sus compromisos con sus proveedores, especialmente, en los plazos de abono de las facturas; instar a todas las administraciones públicas a que adapten sus criterios de solvencia técnica y económica en los procedimientos de licitación pública, al fomento del emprendimiento; y fomentar la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones y adquisiciones públicas.

  1. Consumo responsable. En esta línea de actuación se introducen medidas para sensibilizar, concienciar y hacer partícipe al consumidor en su toma de decisiones, lo que contribuirá, por un lado, a extender las prácticas de responsabilidad empresarial como requisitos de negocio; y, por otro, a la promoción de una sociedad más sostenible, ecológica  y solidaria.

En este ámbito la estrategia incluye medidas como la utilización del etiquetado como instrumento de información al consumidor y herramienta informativa del cumplimiento de criterios de sostenibilidad y la elaboración de un código de buenas prácticas sobre información para evitar la comunicación y/o la publicidad no veraz.

  1. Respeto al medio ambiente. El respeto al medio ambiente es un requisito indispensable de toda organización con vocación sostenible, ya que tiene que conciliar el cuidado del entorno con el desarrollo económico y de las personas.

En este contexto, la Estrategia contempla medidas dirigidas a fomentar el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, entre otras.

  1. Cooperación al desarrollo: esta línea estratégica trata de promover la coordinación y la participación de los distintos agentes implicados en el objetivo de poner en valor el desempeño responsable de empresas españolas para favorecer la cohesión social y destacar su papel como aliadas en el desarrollo de la cooperación española con actuaciones encaminadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, especialmente, a la defensa y protección de los derechos humanos de las comunidades.

También se refirió la ministra al respeto y protección de los Derechos Humanos en toda la cadena de valor. Especialmente en el ámbito internacional, las empresas deben colaborar para tratar de garantizar que se cumplan los Derechos Humanos en su esfera de influencia poniendo especial atención en aquellos entornos en los que no existan garantías suficientes en relación al respeto y protección de los mismos.

  1. Coordinación y participación. En esta línea de actuación se articulan los  mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como local, con objeto de promover los principios y criterios de la Responsabilidad Social, así como fomentar el intercambio de experiencias con otros países.

Contempla medidas como la creación de un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para garantizar la armonización y unidad de mercado en esta materia y la promoción de  la RSE en todo el territorio.

Además, se extenderá y promoverá la RSE a través de iniciativas como la actual Red de Territorios Socialmente Responsables (RED RETOS) y la creación de una Red de Responsables Públicos de Fomento de la Responsabilidad Social que compartan buenas prácticas e impulsen la RSE en todo el territorio desde cualquier ámbito de la Administración.

Por último, la ministra anunció que a través del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas, se pondrá en marcha de forma inminente el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas, que estará coordinado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Seguimiento y Evaluación

El documento incluye, además, una clasificación de las 60 medidas que contempla según su prioridad (13 son de prioridad muy alta, 17 son de prioridad alta y 30 son de prioridad media) y determina qué entidades son las encargadas de impulsar y poner en marcha cada una de las actuaciones.

Además, y con el objeto de hacer un seguimiento de cada una de las medidas, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas realizará un informe anual que se presentará al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para su posterior evaluación.