05/08/2013

Carta abierta La lucha contra el fraude laboral es responsabilidad de todos

Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social

La lucha contra el fraude laboral ha sido siempre una prioridad para los gobiernos, y más aún en el actual contexto de difícil coyuntura económica. La normativa laboral española ha perseguido, antes y ahora, las ofertas laborales irregulares y los comportamientos fraudulentos. Las reformas legislativas contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobadas por el Parlamento el año pasado han endurecido el ejercicio de tales prácticas, que pueden llegar a ser constitutivas de delito. Ante una situación que menoscaba los derechos de los trabajadores, provoca la competencia desleal hacia la gran mayoría de empresarios que cumplen con normalidad la legislación laboral y de Seguridad Social y pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, hay que actuar con la mayor contundencia.

El fraude laboral, ya sea practicado por quien contrata al margen de la ley o por un trabajador que percibe una prestación de manera irregular, es responsabilidad de quien lo practica, y las administraciones públicas tienen la obligación de perseguirlo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha reforzado las actuaciones y campañas programadas en todos los sectores de la economía española para combatir este tipo de comportamientos desde la puesta en marcha del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado en abril de 2012, cuyos resultados han mejorado notablemente los recogidos en ejercicios anteriores.

En el primer año y medio de vigencia del Plan, se han realizado 334.214 inspecciones en materia de empleo irregular, resultando de las actuaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 130.512 empleos aflorados.

En la lucha contra el cobro indebido de prestaciones por desempleo, fruto del trabajo en la verificación y control del cumplimiento de la normativa en materia de desempleo, entre 2012 y los primeros 6 meses de 2013 se llevan ahorrados 3.160,67 millones de euros.

En cuanto a la lucha contra las empresas ficticias, se han llevado a cabo 35.761 inspecciones en esta materia. Como consecuencia de ellas se han anulado 64.379 altas ficticias, que se habían tramitado con el fin de obtener indebidamente prestaciones de Seguridad Social. Ello ha supuesto la detección de 3.523 infracciones en este periodo.

En lo que se refiere exclusivamente al primer semestre de 2013, se ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios de la prestación por falta de disponibilidad para el empleo, incumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la misma, frente a 52.269 en 2012. Esto supone un incremento de un 14,80 % respecto al mismo periodo de 2012. El impacto económico en 2013 asciende a 915,22 millones de euros,  que frente a los 796,18  millones en 2012 supone un incremento de 119,04 millones de euros.

Se han incrementado un 30,57% las infracciones de empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso a las mismas, y se ha detectado a 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido fraudulentamente, lo que frente a los 4.526 del año anterior supone un incremento del 28,88%.

En materia de lucha contra las empresas ficticias, se han realizado 14.842 inspecciones, frente a las 10.105 del mismo período del año anterior; por tanto, se han incrementado en un 46,88%. Se han detectado 1.964 infracciones, frente a las 809 del mismo periodo de 2012, por tanto se han incrementado en un 146,26%.

Es la voluntad y la obligación del Gobierno y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social poner todos los recursos a su alcance para acabar con este tipo de prácticas fraudulentas. Tenemos aún mucho trabajo por hacer y en ello estamos:

Cuando exigimos que el sistema educativo forme en valores a los ciudadanos, lo que nos permitirá garantizar los consensos sociales necesarios y el compromiso de solidaridad hacia los más necesitados.

Cuando concienciamos a la sociedad, a través de campañas informativas, de la necesidad de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y especialmente de los trabajadores.

Cuando modificamos nuestra legislación para hacerla más eficaz frente a las conductas insolidarias e injustas.

Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude.

Por ello, en la página web del Ministerio, se ha previsto un buzón en el que los ciudadanos pueden notificar este tipo de conductas fraudulentas e insolidarias para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo, en el mismo buzón se podrán presentar denuncias por los trabajadores que sean objeto de fraude laboral y a la Seguridad Social, teniendo el servicio de Inspección un deber absoluto de reserva sobre la identidad del denunciante, por lo que existe una garantía absoluta de confidencialidad.

Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos, pero si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda actuar de inmediato, acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua.

Solo con la implicación decidida de la sociedad española podremos conseguir frenar y acabar con un problema que ataca el corazón de nuestro Estado de Bienestar y las conquistas sociales alcanzadas con el esfuerzo de todos.

 

Fátima Báñez García

Ministra de Empleo y Seguridad Social